Férrea disputa por la reserva territorial

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Los 44 predios fueron vendidos con avalúos risibles y a precios varias veces menor de su valor comercial, incluso a “cero pesos”, causando con ello un quebranto al erario estimado de por lo menos 1 099 492 370 (mil 99 millones 492 mil 370 pesos)

Víctor Hugo Vargas / Semanario Polémica
Los más de 20 empresarios y funcionarios públicos que fueron los beneficiarios de la presunta venta irregular de terrenos propiedad del gobierno de Quintana Roo así como el ex mandatario Roberto Borge Angulo, y directivos del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), son investigados por la Función Pública y la Procuraduría General de la República (PGR) por la posible comisión de delitos equiparables a la delincuencia organizada.

Fue Rafael Antonio del Pozo Dergal, secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, quien informó sobre los avances del proceso irregular de la ventas de reservas territoriales por parte de la pasada administración en la que, según explica, comerciaron por menos del uno por ciento de su valor real.

El funcionario de la actual gobierno que encabeza Carlos Joaquín González, afirmó que las pesquisas, presentadas la semana pasada ante la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de la Función Pública, sobre la comisión del presunto comercio irregular de nueve mil 500 hectáreas, apuntan a más de 20 personas involucradas, entre ellas empresarios, ex funcionarios públicos y familiares del ex mandatario Borge.

Explicó que ya se han investigado la forma en que comerciaron 850 hectáreas y son evidentes las  irregularidades de avalúo; hay familiares, colaboradores y sociedades cercanas a Borge Angulo; dichas reservas territoriales se vendieron a (precio cualquiera) y se utilizan con fines de enajenación; es decir, para cubrir (los deseos y necesidades) de unas cuantas personas”, sentenció.

Además, el secretario de Gestión Pública comentó que, por decreto legal, dichos terrenos son patrimonio de los quintanarroenses, y que no pueden ser utilizadas para operaciones particulares; Antonio del Pozo abundó en que, ‘si bien puedo estar equivocado porque se trata de grandes extensiones’, aún no se realizan construcciones en los terrenos.

Las extensiones territoriales privatizadas corresponden, en Cozumel, al 23 por ciento; en Benito Juárez, 40 por ciento; Solidaridad, 50 por ciento; Puerto Morelos, 60 por ciento; también hay predios vendidos en Bacalar; las extensiones son comparables a 24 veces el tamaño de Isla Mujeres; los terrenos están separados y son de diversos tamaños”.

Adelantó que las demandas tienen como objetivo hacer reversibles las ventas, recuperar el patrimonio de los ciudadanos, además de que se explique el origen de los recursos con que se adquirieron las reservas; ‘cuidaremos el proceso, seremos prudentes en nuestras manifestaciones; no hemos mencionado nombres ni montos: vienen más denuncias’.

Pedimos a la PGR y a la autoridad estatal que sigan las investigaciones, incluso para investigar a una empresa naviera que circula en el estado (y que al parecer labora bajo ciertas irregularidades, de la mano de los ya imputados); hacemos más de 40 auditorías, y nada más estamos a 50 días de haber asumido la actual administración”.

Exhortó a las autoridades a indagar los posibles negocios que tenía Borge Angulo con la directora Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos Villanueva: ‘así como para todo aquel que se vea involucrado en el caso; contamos con la vinculación y filiación de varios sospechosos’.

Resalto que todavía no tenemos una cifra aproximada del valor de todos los terrenos allanados, ya que cada zona acarrea diversos precios, dependiendo de los parámetros urbanos que se les asignan según las leyes económicas de la oferta y de la demanda; estamos en las deducciones”.

Las denuncias y las declaraciones hechas por el gobierno de Carlos Joaquín González son similares a las que realizó la organización Somos Tus Ojos, Transparencia Por Quintana Roo, con la cual se solicitó ante el Congreso del Estado del pasado trienio, contra una serie de ex funcionarios, entre ellos el ex gobernador Roberto Borge.

En la siguiente liga (goo.gl/cf9RvC) la asociación civil Somos Tus Ojos Transparencia por Quintana Roo muestra a detalle los predios y las personas involucradas en el presunto comercio ventajoso de tierras propiedad de Quintana Roo.

El argumento de la Asociación Civil Somos Tus Ojos era por la venta a precios subvaluados de por lo menos 44 predios de distintas dimensiones que eran patrimonio del estado, con el objetivo de beneficiar a amigos, empresarios y políticos, acción con la que causó un grave quebranto a las finanzas del estado, y por lo tanto un perjuicio al estado y a la sociedad quintanarroense.

A la demanda de juicio político se adjuntó un anexo con una relación con 44 predios que fueron vendidos con avalúos desactualizados, y a precios varias veces menor de su valor comercial, incluso a “cero pesos”, causando con ello un quebranto al erario estimado de por lo menos 1 099 492 370 (mil 99 millones 492 mil 370 pesos).

El cálculo del quebranto al erario se calculó con base en las subsecuentes ventas de los predios a precios comerciales así como considerando las hipotecas o garantías prendarias que recayeron sobre los mismos y que fueron otorgados por la banca comercial, luego de su avalúo real. En otros casos, el monto del quebranto se estimó de acuerdo al valor actual del mercado de predios ubicados en las mismas zonas y de dimensiones similares o equiparables.

A continuación el listado de algunos políticos, empresarios, funcionarios, amigos, que fueron beneficiados con la venta a precios subvaluados de terrenos que fueron desincorporados del patrimonio del estado.

1.- El 8 de julio de 2014, un predio de 761.44 metros cuadrados, con 20 metros lineales de mar Caribe, ubicado en Puerto Morelos, fue vendido a Desarrollos Riviera Morelos, representada por Armando José Millet Molina, en 761 mil 440 pesos, un año después, Banorte otorgó a Desarrollos Riviera Morelos, un crédito por 63 millones de pesos, quedando como garantía el citado predio, lo que nos permite hacer una estimación del valor real del mismo. Como deudores solidarios quedaron Operadora Real del Mar SA de CV, Operadora Grand Residences, representadas por Kemil Assad Rizk Aziz y Fernando López Ruiz. Rizk Aziz, fue director general de Fonatur en el sexenio de Ernesto Zedillo, y estuvo involucrado en un desfalco realizado a través de Grupo Prodipe, en perjuicio del desarrollo turístico Puerto Escondido en Baja California Sur.

Por su parte, Armando José Millet Molina, es un empresario del giro inmobiliario, notario 62 de Mérida, perteneciente a la “aristocracia” de Yucatán. Es familiar de Juan Pablo Guillermo Molina, secretario de Finanzas de Quintana Roo, responsable directo del desvío de mil 464 millones de pesos, recaudados del Impuesto al Hospedaje entre 2014 y 2015.

La empresa de Millet Molina recibió tres predios de alrededor de 761 metros cuadrados cada uno, con un total de 60 metros lineales de  Mar Caribe, ubicados en Puerto Morelos, destino turístico que se encuentra entre Cancún y Playa del Carmen.

2.- El 6 de agosto de 2014, otro predio de 1088 metros cuadrados, con 20 metros lineales de playa, ubicado en Puerto Morelos, fue “vendido” en 27 mil 110 pesos a Cándido Sansores Gamboa, pensionado del ISSSTE, desde el año 2012…

3.- El 27 de marzo de 2012, un predio de 10 mil metros cuadrados, ubicado en el bulevard Kukulkán, a la entrada de la zona hotelera de Cancún, fue vendido en tres millones de pesos. Actualmente un predio tres veces más grande se vende en 9 millones de dólares. Lo que permite dimensionar el quebranto.

4.- El 31 de mayo de 2011, un predio de  48 mil 065 metros cuadrados, ubicado en Cancún, fue vendido a ADECRO SA de CV, en 9 millones 766 mil 279 pesos, cuando el valor catastral del inmueble era de 48 millones de pesos.

ADECRO es representada por Abelardo Rubén Alcocer Hernández y Armando de Jesús Palma Peniche, socios de Grupo Promotora Residencial y de otras inmobiliarias que durante dos sexenios han sido ampliamente beneficiadas con predios desincorporados del patrimonio del estado.

5.- El 19 de junio de 2014, un predio de 53 mil 695 metros cuadrados, ubicado en Cancún, fue vendido a Manuel Merino Sosa, en 2 millones 766  mil 382 pesos. Actualmente, un lote de 28,963 metros cuadrados, ubicado en la misma zona, conocida como sascaberas, se vende en 60 millones 243 mil pesos. Merino Sosa fue beneficiado con otros dos predios de grandes dimensiones, también ubicados en esa zona.

6.- El 7 de abril de 2011, un predio de 51 mil 519 metros cuadrados, ubicado en la zona costera sur de Cozumel, de uso turístico hotelero, fue vendido a Eligio Marrufo Rejón, en 4 millones 190 mil 633 pesos. Actualmente un terreno de 29 mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos. Eligio Marrufo Rejón es padre del actual presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, quien es hombre muy cercano al ex gobernador Félix González Canto, y primo hermano de la esposa de éste, Narcedalia Martín. Fredy Marrufo era diputado local en la XIII Legislatura cuando su padre fue beneficiado por Roberto Borge con el predio en cuestión.

7.- El 7 de abril de 2011, un predio de 269 mil 628 metros cuadrados fue vendido a  Promotora y Constructora del Caribe, en 32 millones 355 mil 406 pesos; dos meses después, el predio quedó gravado por un crédito otorgado por Hipotecaria Casa Mexicana por 72 millones 642 mil pesos.

8.- Promotora y Constructora del Caribe, es una empresa de Juan Manuel Mercader Rodríguez, es un empresario del ramo de la construcción, al igual que su hermano, Juan Enrique Mercader Rodríguez, quien en el sexenio del ex gobernador Félix González Canto recibió contratos por 264 millones de pesos. Es también  hermano de Juan Pedro Mercader Rodríguez, actual secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo.

9.- El 6 de abril de 2011, un predio de 54 mil 621 m2, ubicado en la Costera sur de Cozumel, fue entregado a Eduardo Toledo Parra, propietario de Promovisión del Caribe, (Canal 10), en “dación en pago”. Actualmente un terreno de 29 mil 501m2 ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231 mil 131 pesos.

10.- El 13 de abril de 2011, un predio de 30 mil metros cuadrados, con 98 metros de mar Caribe, ubicado en la privilegiada zona de Punta Molas, en Cozumel, fue vendido en 6 millones de pesos a Fernando Eugenio Barbachano Herrero, descendiente de Fernando Barbachano Peón, quien hasta hace unos años era dueño de los terrenos donde se ubica Chichén Itzá. Actualmente un predio de mil metros cuadrados en la zona tiene un precio de alrededor de un millón de pesos.

11.- El 10 de mayo de 2011 Barbachano Herrero recibió otro predio de 70 mil metros cuadrados en la misma zona de Punta Molas, con 5 mil 443 metros en línea quebrada con Mar Caribe, en 14 millones  de pesos.

12.- El 22 de junio de 2011, Mayazama, desarolladora de Aldea Zamá, en Tulum, recibió un predio de 13 mil 095 metros cuadrados, con una extensa zona costera, en 7 millones de pesos; tres años después, el mismo sirvió para constituir un fideicomiso por 39 millones de pesos.

13.- El 27 de septiembre de 2012, Mayazama recibió otro predio de 191 mil 834 metros cuadrados, con un valor catastral de 58 millones 267 mil 322 pesos, a un precio de 19 millones 197 mil 358.

14.- El 19 de julio de 2013, un predio de 16 mil 585 metros cuadrados, ubicado en Playa del Carmen, fue entregado por “cero pesos” a Ana María Ramos Zúñiga, quien el 15 de mayo de 2014 lo donó a su hija Damarys Verenice Menes Ramos, quien es esposa de Gabriel Mendicuti Loría, quien al momento de la entrega a título gratuito del predio, era Secretario de gobierno de Roberto Borge Angulo. Damarys Verenice Menes Ramos, entregó el predio en comodato al Centro Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo, asociación fundada por ella y su esposo, la cual ha recibido también importantes recursos de la Sedesol.

15.- El 7 de diciembre de 2012, un predio de mil metros cuadrados, ubicado en Tulum, fue vendido en cinco mil pesos a Jaqueline González Canto, hermana del ex gobernador, y actual senador del PRI, Félix González Canto.

16.- El 6 de marzo de 2013, dos predios en Puerto Morelos, de 356 y 358 metros cuadrados, ubicados sobre la avenida Javier Rojo Gómez, la zona comercial de este destino turístico, fueron desincorporados del dominio público; uno fue vendido por 235 mil pesos a Rafael Moctezuma Ruiz, pensionado de los Servicios Estatales de Educación; y otro fue vendido a José Antonio Dzul Mass, en 235 mil 649 pesos. Un año después, ambos predios terminaron en manos de Eligio Hernández Carrillo, fiscalista y asesor del gobernador Gabino Cué, y quien estuvo involucrado en un fraude por mil 600 millones de pesos, a través de la outsourcing que manejaba la nómina del personal de gobierno del estado de Oaxaca, de acuerdo a fuentes periodísticas de ese estado.

La relación de los predios y sus nuevos propietarios presentada por la Asociación Somos Tus Ojos Transparencia Por Quintana Roo fue tomada como base para la demanda ante la PGR, la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, se espera que los empresarios, ex funcionarios y familiares libren una férrea batalla antes los tribunales. Esta disputa acaba de empezar.

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